Descripción

En este libro se propone racionalizar -en lo posible- la Política Criminal, estableciendo qué funciones y objetivos pueden cumplir y qué método debe utilizar para cumplir con el objetivo general de prevención de la criminalidad dentro de los límites del Estado democrático de Derecho.

Se trata de una doble validación: una validación jurídica de legitimidad porque respeta los derechos fundamentales y los principios de la intervención penal, y una validación empírica porque debe evaluarse constantemente con evidencias si efectivamente la propuesta ha contenido la criminalidad.