El legislador se encuentra plenamente legitimado para castigar los delitos contra la libertad sexual, bien jurídico vinculado a una de las dimensiones más importantes de la dignidad humana. No siempre la tipificación de los delitos y el rigor del castigo vienen acompañados de medidas dirigidas a enfrentar el elevado índice de violaciones contra menores y personas adultas. Nuestra legislación penal hace caso de la “Nueva penología” o el “Populismo penal”, lo que se traduce en el excesivo incremento de las penas y la cárcel como única alternativa. Se olvida que los atentados contra esta dimensión de la libertad interesan al Derecho público.